Más allá de la infraestructura y la tecnología
A estas alturas, constituye un lugar común decir que la infraestructura de telecomunicaciones representa la base angular para el desarrollo digital de los países. A raíz de lo mismo, cada vez tiene mayor impacto y relevancia en el crecimiento económico y social de Chile, debido a la penetración que las tecnologías están teniendo en los procesos productivos, situación que acarrea eficiencias y beneficios al gobierno, las empresas y, en general, a la comunidad.
Por su parte, también resulta consensuada la opinión que Chile ha transitado por un camino de éxitos en la industria de las telecomunicaciones, habiéndonos adelantado en varios procesos regulatorios y transformándonos en referentes de Latinoamérica y el mundo, como lo fue el multicarrier, la ley de neutralidad de internet o la entrega del espectro para 4G. Asimismo, hemos creado las condiciones económicas y jurídicas que han permitido la generación de competencia por redes y, en la última década, de competencia por calidad de servicio. En razón de lo anterior, gozamos de altos niveles de penetración en telefonía móvil y de acceso a internet, situación que devela una relación virtuosa entre el desarrollo de la industria propiciada por la Subtel y ejecutada por los privados, siendo parte relevante del motor de desarrollo de Chile.
Sin embargo, nuestra deuda sigue siendo un asunto de equidad social. Aún cuando tenemos buenos índices de cobertura de telecomunicaciones, todavía existe un número importante de hogares que no disponen de acceso a internet, los que generalmente se encuentran en las zonas más aisladas, geográficamente más difíciles de alcanzar y, por ende, donde se requiere mayor inversión.
Actualmente, un 15% de los hogares no cuenta con banda ancha, fija o móvil, mientras que aproximadamente un 40% no tiene cobertura de redes de alta velocidad (modem cable o fibra óptica), ya que existen zonas desatendidas, principalmente en comunas de bajos ingresos, zonas rurales y aisladas en donde la inversión privada es más compleja. El contrapunto lo tenemos en las zonas urbanas de mayores ingresos, en donde contamos con una variada oferta de redes y tecnologías. Esta realidad impone un reto que implica tomar decisiones políticas y económicas, puesto que requiere profundizar la alianza entre el Estado y los operadores de telecomunicaciones, pero esta vez no para llegar al público masivo (actividad obvia en una industria en crecimiento), sino para proveer de acceso a todos los hogares de Chile, independientemente del lugar en que se encuentren.
Esta tarea se basa en la convicción que el cierre completo de la brecha digital forma parte de una política de inclusión, probablemente de las más relevantes del último siglo, motivado por los múltiples beneficios que el uso de internet genera en la sociedad. La experiencia internacional ha demostrado que es necesario hacerse cargo de la revolución digital y que el Estado debe actuar para la promoción y desarrollo de una economía digital, dependiendo su grado de injerencia de cuánto le esté permitido intervenir. Dado el marco constitucional que nos rige, es necesario que genere las condiciones para subirnos a dicha revolución, lo que implica promover procesos de transformación digital en las empresas (especialmente en las pymes), digitalización de los trámites de gobierno y fomentar el despliegue de redes de alta velocidad, robustas y resilientes, sea mediante alianzas público-privadas, concesiones o aumentando los subsidios a la oferta o a la demanda. El desarrollo social actual exige que el Estado tenga una actitud activa frente a una de las mayores revoluciones en la
historia de la humanidad.
Si hacemos un símil con los otros servicios básicos, como electricidad y servicios sanitarios, encontraremos que también ha sido el Estado quien ha definido que tales servicios lleguen a todas las personas, ya que son bienes indispensables para una calidad de vida mínima y para entregar condiciones habilitantes que permitan la superación, la movilidad social y el emprendimiento en un país. El acceso a internet se ha convertido en el otrora acceso a los servicios sanitarios, pues quien no lo tenga, quedará en una posición desmejorada respecto de quienes sí lo posean. Es en este aspecto en donde radica la actuación del Estado para fomentar la conectividad total y el cierre de la brecha digital que existe en el país. Al pensar en un Chile desarrollado al 2030 y dado los alcances e impactos que está teniendo la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el desarrollo de la tecnología 5G y la robótica, entre otras, resulta esencial tomar decisiones en este sentido, lo que implica repensar el modelo para llegar a las zonas aisladas y, simultáneamente, modernizar nuestras instituciones, con el fin de asumir los desafíos de la revolución digital y movilizar a la sociedad entera hacia esta realidad que no es futura, sino que ya está presente hace mucho tiempo y, probablemente, aún no nos hemos dado cuenta.
Juan Luis Núñez, gerente general de Fundación País Digital
Publicado en: ediciones especiales de El Mercurio